Señores, quisiera compartir con ustedes este artículo aparecido en el periódico colombiano
El Tiempo. En él se reseñan los ataques terroristas a la infraestructura energética, petrolera y vial del país. Creo que les permitirá formarse una idea bastante clara de la gran amenaza que constituyen los grupos armados ilegales para la seguridad y bienestar de la población, así como para el desarrollo del país. Esta es solo una parte de la amenaza que enfrentan las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia.
Enero 5 de 2006
Atentados contra las torres de conducción eléctrica aumentaron en un 87,6 por ciento durante 2005
Después de una disminución de la intensidad en el 2004, la guerrilla arreció sus sabotajes energéticos.
Las empresas dedicadas al transporte de energía en Colombia tuvieron un 2005 negro por cuenta de los atentados contra la infraestructura eléctrica que dejaron sin luz a poblaciones enteras, especialmente las más pobres, del Valle del Cauca, Antioquia, Putumayo, Nariño y Cauca.
El año pasado, los grupos guerrilleros dinamitaron 227 torres de energía, lo que significó un incremento del 87,6 por ciento en comparación con las 121 torres derribadas el año anterior.
Los meses más críticos fueron noviembre y diciembre cuando se sabotearon 38 estructuras, justo después de conocido el fallo de la Corte Constitucional sobre la reelección.
Según cifras del Sistema Interconectado Nacional, las pérdidas tan solo para ISA, que responde por el 70 por ciento del transporte de la energía que consumen los colombianos, ascendieron a unos 12.000 millones de pesos.
El total de torres averiadas de ISA fue de 123, seguida por Epsa, del Valle del Cauca con 14 y la Empresa de Energía Eléctrica de Arauca (Enerlar) con 13.
Sin embargo, la oportuna intervención de los equipos de reparación de las empresas afectadas impidió que se debilitara la totalidad del sistema interconectado, que opera como una enorme telaraña, y evitó un apagón generalizado.
Pero además de las empresas, los más perjudicados son los usuarios que en los próximos meses tendrán que pagar tarifas más altas debido a que las restricciones generadas por los atentados del último trimestre, obligan a usar otras fuentes de energía que son más costosas como las plantas de generación térmica.
Si usted desea saber cómo lo están afectando los atentados contra las torres, no es sino que observe en su factura de energía un recuadro que se titula ‘información de interés’. En él encuentra detallado cómo se discrimina el valor del kilovatio por hora.
La letra O (que significa otros) corresponde a los pesos que se deben pagar por efecto de las restricciones.
Mes a mes, usted puede verificar en qué porcentaje se le aumenta este rubro, que terminamos pagando todos los consumidores.
Lo cierto es que luego de la relativa calma en el periodo 2003-2004, marcada con la llegada del presidente Uribe al poder y la aplicación de su política de seguridad democrática, los ataques contra la infraestructura volvieron con virulencia aunque algunos, como en el caso de los petroleros, cambiaron de objetivo.
De acuerdo con un informe de la fundación privada Seguridad y Democracia, en el 2005 aumentaron los ataques contra la economía nacional.
Durante este año, según los cálculos de la fundación con los datos disponibles al mes de noviembre, se registraron 101,1 por ciento más que en el 2004 y 3,7 por ciento más que en el 2003.
En todos los casos, las acciones de sabotaje disminuyeron entre el 2003 y 2005 pero aumentaron entre el 2004 y 2005.
Juan Carlos Garzón, investigador de la fundación, explicó que luego de la ruptura de las conversaciones de paz con la guerrilla en el gobierno de Andrés Pastrana se presentó un pico histórico de sabotajes que bajó con la llegada de Uribe al poder.
“Los indicadores eran tan altos, que por supuesto con el cambio de gobierno se iba a dar una reducción”, sostuvo. Justamente en el año 2000 la guerrilla batió el récord de ataques con el derribamiento de 281 torres de energía de ISA.
Es usual que para activar una carga contra una torre de energía se necesitan apenas dos o tres personas por lo que es una operación difícil de controlar por parte de las fuerzas armadas, pero que tiene mucho impacto en la opinión pública.
Se teme que esta clase de ataques continúe en la primera parte de este año a la par del proceso electoral.
Prueba de ello es que el comienzo del año ha estado marcado por una ofensiva guerrillera en el departamento de Putumayo.
“Se podría decir que la situación es mejor que en la época de Pastrana pero la política de seguridad no alcanza los objetivos esperados”, indicó Garzón.
EL TIEMPO intentó obtener un comentario sobre los ataques por parte de José Rafael Unda, Consejero presidencial para la infraestructura energética, pero manifestó que no estaba autorizado para dar declaraciones.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina, dijo que el frente 48 de las Farc es responsable de la escalada terrorista en el Putumayo. Atribuyó los ataques a la cercanía del proceso electoral y la situación particular del Putumayo en la lucha contra el narcotráfico en la zona de frontera con Ecuador. “Los bandidos huyeron tras la destrucción, y las Fuerzas Militares avanzan en los trabajos de reparación”, dijo Ospina sobre los últimos ataques.
Cambio de foco
En Arauca, anteriormente epicentro de los atentados contra la infraestructura petrolera, se han logrado reducir debido al reforzamiento de las guarniciones militares y a la vigilancia de las inmediaciones del oleoducto Caño Limón-Coveñas, el segundo en importancia del país después del Ocensa.
Por eso, la estrategia de la guerrilla ha sido replegarse hacia departamentos como Putuma-yo y en especial sabotear el oleoducto Trasandino en la frontera con Ecuador, donde hay una mayor vulnerabilidad.
El más reciente ataque se registró el fin de semana contra los ocho pozos de operación directa de Ecopetrol en Putumayo y tres oleoductos que operaban en esa zona. Si bien la producción de crudo de Putumayo de 12.000 barriles por día equivale a apenas al 2,3 por ciento de la total del país, el daño ambiental fue grande.
Las autoridades tuvieron que activar un plan de contingencia con el fin de controlar el derrame de petróleo y mitigar los efectos en los ríos Sucio, Guamuez y Putumayo.
Según información suministrada por Ecopetrol al Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, entre enero y septiembre del 2005 fueron registrados 78 ataques contra la infraestructura petrolera, lo que significó una disminución de 3 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.
Puentes y carreteras
Donde se ha registrado un descenso en los ataques es en el sector de la infraestructura vial y de comunicaciones.
Según las cifras recopiladas por la fundación Seguridad y Democracia, en el trimestre julio a septiembre del 2005, fueron afectadas seis torres de transmisión y una estación, siendo Comcel la empresa más impactada.
Datos consignados en un informe del Observatorio Presidencial de Derechos Humanos y DIH, dan cuenta que entre enero y septiembre del 2005 se registró una baja en el nivel de ataques contra los puentes los cuales pasaron de 7 casos en el 2004 a 5 en el 2005, lo que significó una reducción del 29 por ciento.
En el mismo periodo los ataques contra vías fueron 59 lo que implicó un disminución del 48 por ciento con respecto al 2004, año en el que se presentaron 113.
A diferencia de lo que ocurre con las torres, esa clase de estructuras son mucho más fáciles de asegurar por parte de la fuerza pública lo que hace más difícil su sabotaje..
Hechos del 2005
Racionamiento en la Costa
Luego de la voladura de siete torres en Antioquia el pasado 31 de mayo, la Costa Atlántica quedó parcialmente sin energía. La región tuvo que valerse de la generación térmica, la cual no alcanzó a producir los 1.400 megavatios que requiere la zona en sus horas pico. A las empresas Electrocosta y Electricaribe les tocó distribuir, con racionamientos programados, el déficit de megavatios que se presentaba en horas de la noche.
Tocó importar energía
En junio de este año las Farc dinamitaron siete torres, tres en veredas del Cauca, las cuales dejaron sin luz a 96 municipios. De estos 12 de los 13 de Putumayo, los 54 de Nariño y 30 de los 41 del departamento del Cauca. Para conjurar la emergencia, ISA tuvo que importar energía de Ecuador para suplir la demanda de los dos primeros departamentos, y el 68 por ciento del tercero.
Buenaventura, a oscuras
A finales de noviembre del año pasado la guerrilla voló dos torres de Epsa que dejaron sin luz al puerto de Buenaventura por más de 70 horas. La voladura no solo afectó la prestación del servicio de energía sino el de comunicación telefónica, tanto que las empresas como Telecom y Orbitel tuvieron que suspender el servicio. La situación fue tan grave que el Hospital se declaró en emergencia.
JUAN GUILLERMO LONDOÑO M.
Redactor de EL TIEMPO
Fuente:
El Tiempo
